La dignidad de Catalunya

26/11/2009

Después de casi tres años de lenta deliberación y de continuos escarceos tácticos que han dañado su cohesión y han erosionado su prestigio, el Tribunal Constitucional puede estar a punto de emitir sentencia sobre el Estatut de Catalunya, promulgado el 20 de julio del 2006 por el jefe del Estado, rey Juan Carlos, con el siguiente encabezamiento: "Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado, los ciudadanos de Catalunya han ratificado en referéndum y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgánica". Será la primera vez desde la restauración democrática de 1977 que el Alto Tribunal se pronuncia sobre una ley fundamental refrendada por los electores.

La expectación es alta. La expectación es alta y la inquietud no es escasa ante la evidencia de que el Tribunal Constitucional ha sido empujado por los acontecimientos a actuar como una cuarta cámara, confrontada con el Parlament de Catalunya, las Cortes Generales y la voluntad ciudadana libremente expresada en las urnas. Repetimos, se trata de una situación inédita en democracia. Hay, sin embargo, más motivos de preocupación. De los doce magistrados que componen el tribunal, sólo diez podrán emitir sentencia, ya que uno de ellos (Pablo Pérez Tremps) se halla recusado tras una espesa maniobra claramente orientada a modificar los equilibrios del debate, y otro (Roberto García-Calvo) ha fallecido.

De los diez jueces con derecho a voto, cuatro siguen en el cargo después del vencimiento de su mandato, como consecuencia del sórdido desacuerdo entre el Gobierno y la oposición sobre la renovación de un organismo definido recientemente por José Luis Rodríguez Zapatero como el "corazón de la democracia". Un corazón con las válvulas obturadas, ya que sólo la mitad de sus integrantes se hallan hoy libres de percance o de prórroga. Esta es la corte de casación que está a punto de decidir sobre el Estatut de Catalunya. Por respeto al tribunal –un respeto sin duda superior al que en diversas ocasiones este se ha mostrado a sí mismo– no haremos mayor alusión a las causas del retraso en la sentencia.

La definición de Catalunya como nación en el preámbulo del Estatut, con la consiguiente emanación de "símbolos nacionales" (¿acaso no reconoce la Constitución, en su artículo 2, una España integrada por regiones y nacionalidades?); el derecho y el deber de conocer la lengua catalana; la articulación del Poder Judicial en Catalunya, y las relaciones entre el Estado y la Generalitat son, entre otros, los puntos de fricción más evidentes del debate, a tenor de las versiones del mismo, toda vez que una parte significativa del tribunal parece estar optando por posiciones irreductibles. Hay quien vuelve a soñar con cirugías de hierro que cercenen de raíz la complejidad española. Esta podría ser, lamentablemente, la piedra de toque de la sentencia.

No nos confundamos, el dilema real es avance o retroceso; aceptación de la madurez democrática de una España plural, o el bloqueo de esta. No sólo están en juego este o aquel artículo, está en juego la propia dinámica constitucional: el espíritu de 1977, que hizo posible la pacífica transición. Hay motivos serios para la preocupación, ya que podría estar madurando una maniobra para transformar la sentencia sobre el Estatut en un verdadero cerrojazo institucional. Un enroque contrario a la virtud máxima de la Constitución, que no es otra que su carácter abierto e integrador.

El Tribunal Constitucional, por consiguiente, no va a decidir únicamente sobre el pleito interpuesto por el Partido Popular contra una ley orgánica del Estado (un PP que ahora se reaproxima a la sociedad catalana con discursos constructivos y actitudes zalameras). El Alto Tribunal va a decidir sobre la dimensión real del marco de convivencia español, es decir, sobre el más importante legado que los ciudadanos que vivieron y protagonizaron el cambio de régimen a finales de los años setenta transmitirán a las jóvenes generaciones, educadas en libertad, plenamente insertas en la compleja supranacionalidad europea y confrontadas a los retos de una globalización que relativiza las costuras más rígidas del viejo Estado nación. Están en juego los pactos profundos que han hecho posible los treinta años más virtuosos de la historia de España. Y llegados a este punto es imprescindible recordar uno de los principios vertebrales de nuestro sistema jurídico, de raíz romana: Pacta sunt servanda. Lo pactado obliga.

Hay preocupación en Catalunya y es preciso que toda España lo sepa. Hay algo más que preocupación. Hay un creciente hartazgo por tener que soportar la mirada airada de quienes siguen percibiendo la identidad catalana (instituciones, estructura económica, idioma y tradición cultural) como el defecto de fabricación que impide a España alcanzar una soñada e imposible uniformidad. Los catalanes pagan sus impuestos (sin privilegio foral); contribuyen con su esfuerzo a la transferencia de rentas a la España más pobre; afrontan la internacionalización económica sin los cuantiosos beneficios de la capitalidad del Estado; hablan una lengua con mayor fuelle demográfico que el de varios idiomas oficiales en la Unión Europea, una lengua que en vez de ser amada, resulta sometida tantas veces a obsesivo escrutinio por parte del españolismo oficial, y acatan las leyes, por supuesto, sin renunciar a su pacífica y probada capacidad de aguante cívico. Estos días, los catalanes piensan, ante todo, en su dignidad; conviene que se sepa.

Estamos en vísperas de una resolución muy importante. Esperamos que el Tribunal Constitucional decida atendiendo a las circunstancias específicas del asunto que tiene entre manos –que no es otro que la demanda de mejora del autogobierno de un viejo pueblo europeo–, recordando que no existe la justicia absoluta sino sólo la justicia del caso concreto, razón por la que la virtud jurídica por excelencia es la prudencia. Volvemos a recordarlo: el Estatut es fruto de un doble pacto político sometido a referéndum.

Que nadie se confunda, ni malinterprete las inevitables contradicciones de la Catalunya actual. Que nadie yerre el diagnóstico, por muchos que sean los problemas, las desafecciones y los sinsabores. No estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir impasible al menoscabo de su dignidad. No deseamos presuponer un desenlace negativo y confiamos en la probidad de los jueces, pero nadie que conozca Catalunya pondrá en duda que el reconocimiento de la identidad, la mejora del autogobierno, la obtención de una financiación justa y un salto cualitativo en la gestión de las infraestructuras son y seguirán siendo reclamaciones tenazmente planteadas con un amplísimo apoyo político y social. Si es necesario, la solidaridad catalana volverá a articular la legítima respuesta de una sociedad responsable

¿Que pensades do rexeitamento do Tribunal Constitucional Español ao novo Estatut de Catalunya?
Semella que está a producir unha forte reacción, ¿que consecuencias pensades que terá isto se vai a máis, mesmo no noso país?
¿Ficarán os cataláns contentos, coma sempre, con subornos dende o poder central ou mudarán de atitude e pasarán á acción?

¿Que pensades do rexeitamento do Tribunal Constitucional Español ao novo Estatut de Catalunya?
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Semella que está a producir unha forte reacción, ¿que consecuencias pensades que terá isto se vai a máis, mesmo no noso país?
¿Ficarán os cataláns contentos, coma sempre, con subornos dende o poder central ou mudarán de atitude e pasarán á acción?

Cronología de dos años de negociaciones y cuatro más a la espera del TC

Han sido cuatro años de espera desde que el texto aprobado por dos parlamentos y votado en referendum por los catalanes fuera recurrido por el PP. Esta es la cronología de los hechos

BARCELONA. (EUROPA PRESS)-. Finalmente, el Tribunal Constitucional ha fallado el Estatut de Catalunya. Han sido cuatro años de espera desde que el texto aprobado por dos parlamentos y votado en referendum por los catalanes fuera recurrido por el PP. Esta es la cronología de los hechos:

-13 de noviembre de 2003: Durante la primera campaña electoral autonómica de la era post-Pujol, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, anuncia en el acto central del PSC: "Apoyaré la reforma del Estatuto que apruebe el Parlamento catalán".

-16 de noviembre de 2003: Elecciones autonómicas. Contra pronóstico, CiU gana en escaños pero no en votos pero por vez primera desde 1984, hay mayoría de izquierdas en el Parlament.

-14 de diciembre de 2003: PSC, ERC e ICV-EUiA rubrican el 'Pacte del Tinell', el acuerdo postelectoral que permite por vez primera a las izquierdas gobernar la Generalitat tras el franquismo. Entre sus bazas, la reforma del Estatut.

-9 de febrero de 2004: Se constituye la ponencia en el Parlament encargada de redactar el Estatut con representantes de CiU y el tripartito.

-14 de marzo de 2004: El PSOE gana las elecciones generales. La 'España plural' será una de las bazas de los primeros años de José Luis Rodríguez Zapatero en La Moncloa, con el inicio de las reformas de varios Estatutos.

-12 de noviembre de 2004: Primera cumbre de líderes políticos catalanes sobre el Estatut en Miravet (Tarragona). El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y los grupos parlamentarios pactan las bases para la reforma.

-24 de febrero de 2005: Durante el pleno monográfico sobre el hundimiento del túnel del Metro del Carmel, Maragall insinúa que CiU cobraba el 3% en comisiones de la obra pública que promovía. Mas pidió que retirase la acusación para no poner en peligro la reforma estatutaria, algo que Maragall aceptó.

-4 de mayo de 2005: Acaba la primera lectura de la reforma en ponencia parlamentaria.

-11 de junio de 2005: Tras Miravet, segunda cumbre de líderes políticos para la reforma del Estatut, a la que no acude el presidente del PP, Josep Piqué. Se acuerda que el Estatut defina Catalunya como nación y que la ponencia parlamentaria acabe sus trabajos antes del 30 de julio, para que el pleno del Parlament lo ratifique en septiembre.

-29 de julio de 2005: La comisión primera del Parlament aprueba un borrador de la reforma del Estatut que, con los votos a favor de CiU, ERC e ICV-EUiA, invoca a los derechos históricos en materia de financiación. El PSC vota en contra.

-5 de septiembre de 2005: El Consell Consultiu detecta 19 inconstitucionalidades en el Estatut en financiación o la invocación a los derechos históricos para blindar competencias.

-28 de septiembre de 2005: Empieza la aprobación en el pleno del Parlament. Los líderes políticos acuerdan no avanzar las autonómicas hasta que acabe la tramitación en las Cortes.

-30 de septiembre de 2005: Aprobación en el pleno del Parlament. Las negociaciones penden de un hilo hasta el último momento; en el último momento votan a favor tripartito y CiU. El Gobierno central ya anuncia que respaldará el texto aunque lo deberá retocar, y el líder del PSC, José Montilla, anuncia que el grupo en las Cortes presentará enmiendas.

-5 de octubre de 2005: Entrada del Estatut en el Congreso. En su intervención, el presidente del Gobierno admite que "hay contenidos" de la norma catalana que "desde luego" serán "enmendados" por el grupo socialista.

-21 de enero de 2006: Reunión de seis horas entre el líder de CiU, Artur Mas, y José Luis Rodríguez Zapatero. Se incluye la definición de Catalunya como nación en el preámbulo. Tiempo después, Pasqual Maragall aseguró que Mas aceptó el acuerdo a cambio de adelantar las autonómicas y que no fuera el candidato del PSC.

-21 de marzo de 2006: Dictamen del Estatut de la Comisión Constitucional. La Comisión Constitucional del Congreso aprueba el proyecto del Estatut con los votos en contra del PP, ERC y EA.

-30 de marzo de 2006: El pleno del Congreso aprueba el Estatut con apoyo de PSOE, CiU, IU-ICV, PNV y CC; abstención de Nafarroa Bai y CHA, y votos en contra del PP, ERC y EA.

-10 de mayo de 2006: El Senado aprueba el Estatut, con la abstención de ERC.

-12 de mayo de 2006: El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, convoca el referéndum del Estatut para el 18 de junio, expulsa a ERC del Govern por su negativa al texto y anuncia elecciones autonómicas anticipadas para el 1 de noviembre.

-18 de junio de 2006: El Estatut se aprueba en referéndum tras dos años de intensos debates. El 'sí' logra el 73,9% de los votos aunque la participación fue solo del 48,4%. El 'no' consiguió el 20,7% de los sufragios y hubo un 5,3% de voto en blanco.

-31 de julio de 2006: El PP presenta su recurso al Estatut por ser una "constitución paralela", en palabras de Soraya Sáenz de Santamaría. El 28 de septiembre el TC admite a trámite el recurso. También presentarán recursos 5 autonomías y el defensor del Pueblo, quien halla "siete motivos de inconstitucionalidad".

-9 de agosto de 2006: Entrada en vigor del Estatut.

-25 de septiembre de 2006: El gobierno de Murcia recurre el artículo del Estatut que da a la Generalitat plenos poderes para fijar el caudal ecológico del río Ebro.

-11 de octubre de 2006: El gobierno de La Rioja (PP) recurre al Estatut, por sus artículos sobre financiación, gestión del agua y denominaciones de origen.

-19 de octubre de 2006: Recurren el Estatut Aragón y Valencia. Aragón (PSOE-PAR) recurre a la disposición adicional 13, sobre el Archivo de la Corona de Aragón. Valencia (PP) recurre también por la gestión del Archivo, la del agua y la financiación.

-20 de octubre de 2006: Baleares (PP-Unió Mallorquina) recurre la norma por la disposición relativa al Archivo de la Corona de Aragón.

-9 de agosto de 2008: Sin acuerdo de financiación autonómica, tope máximo. Uno de los capítulos estrella del Estatut y uno de los objetivos por el que se hizo el Estatut. El acuerdo llegará casi un año más tarde.

-9 de agosto de 2009: Al cumplirse tres años de la entrada en vigor del Estatut, Gobierno central y Generalitat han acordado 12 traspasos previstos en la ley catalana. Entre ellos, gestión de Cercanías, inspección de trabajo, el Hospital Clínic, la homologación de títulos no univeristarios y los permisos de trabajo para extranjeros, entre otros.

-26 de noviembre de 2009: Los 12 diarios con sede en Catalunya publican un editorial conjunto pro-Estatut bajo el título "La dignidad de Catalunya", donde defienden la constitucionalidad del texto y alertan ante un eventual recorte.

-5 de enero de 2010: Montilla defiende el despliegue del Estatut como "mejor manera" de defenderlo y aboga por una respuesta "unitaria" ante un recorte, en una carta a las 200 entidades que se adhirieron al editorial.

-16 de abril de 2010: El pleno del TC rechaza por seis votos a cuatro el quinto borrador de la sentencia. La presidenta del TC, María Emilia, Casas, designa a un nuevo ponente, el conservador Guillermo Jiménez. Montilla pide a Rodríguez Zapatero y a Rajoy que se renueven los cuatro miembros del TC cuyo mandato expiró en 2007.

-29 de abril de 2010: El Parlament aprueba una resolución que insta al TC a declararse incompetente para sentenciar, pide renovar el TC, y tripartito y CiU prometen en el Senado promover una reforma de la ley orgánica del TC. El Govern también instará al TC a no sentenciar, y el TC rechaza las peticiones de Govern y Parlament.

-9 de junio de 2010: La Generalitat propone que si la sentencia se vota por bloques, se recupere al magistrado progresista Pablo Pérez Tremps, recusado por colaborar con la redacción del Estatut. El TC lo rechazará.

-28 de junio de 2010: Acuerdo sobre la sentencia del Estatut.

Que hablen las urnas

Cuatro años después de su aprobación en referéndum popular, el Tribunal Constitucional acaba de dictar sentencia sobre el Estatut de Catalunya. Cuatro años. Una dilación injustificable que ha tenido efectos muy negativos en la confianza de los ciudadanos en las instituciones. No hay excusa. En estos cuatro años ha pasado de todo en el Alto Tribunal.

Un magistrado fue recusado tras densa maniobra, otro falleció, cuatro se hallan con el mandato fuera de plazo y siete ponencias han fracasado por falta de una mayoría coherente. Este forcejeo táctico ha fabricado la pésima imagen de un Tribunal Constitucional constituido, por la vía de los hechos consumados, en cuarta cámara legislativa, superpuesta al Parlament de Catalunya, al Congreso de los Diputados, al Senado y al propio sufragio popular. No es de extrañar, por tanto, que tan disputada sentencia suscite hoy, antes de conocer todos sus extremos, una sensación de infinito cansancio. El fallo del Tribunal Constitucional llega cansado y fruto de un alambicado proceso que ha culminado con la votación del texto estatutario capítulo por capítulo. El preámbulo ha sido refrendado por seis votos a cuatro. La consideración de Catalunya como nación queda salvada, subrayándose que el preámbulo carece de "eficacia jurídica".

El fallo posiblemente incluirá una prolija referencia a la indisoluble unidad de España, insistentemente exigida por el juez Manuel Aragón, magistrado de corte azañista en su día propuesto por José Luis Rodríguez Zapatero. El artículo 97, referido a la creación del Consell de Justícia de Catalunya, ha sido declarado totalmente inconstitucional, e importantes preceptos de otros 14 artículos (cuatro de ellos relacionados con el citado 97) también han sido anulado. Ha sido anulado el uso preferente de la lengua catalana en las administraciones y diversos aspectos de la regulación del Consell de Garanties Estatutàries y de la Sindicatura de Greuges. También han sido liquidados tres preceptos referidos a las competencias básicas. Merece una especial atención la siguiente anulación: la exigencia de un límite al esfuerzo fiscal de la sociedad catalana ha quedado fuera del Estatut. No es un dato menor. No lo es.

La lengua, respetada
Los símbolos –seguramente flanqueados por una prosa muy defensiva sobre la unidad española– han sido respetados. Y lo que es más importante, la lengua: elemento central de la personalidad nacional de Catalunya. El modelo lingüístico queda a salvo. El modelo educativo no es perforado. El modelo de convivencia sale ileso de la emboscada. Es importante subrayarlo. Quienes imaginaban la sentencia del Estatut como el desfiladero ideal para tener una emboscada irreversible a la centralidad de la lengua catalana han fracasado. Han fracasado. La fantasmagórica operación del Manifiesto por la lengua común ha fracasado. Y hoy lo veremos reflejado en algunas portadas de la singular prensa madrileña.

A la espera de conocer el fallo y sus argumentaciones, el primer balance es necesariamente ambivalente. El Estatut ha sido frenado en algunos de sus flancos importantes, pero su espíritu, su alma, el deseo de la mayoría de la sociedad catalana de contar con un amplio y eficaz marco de autogobierno, ha sobrevivido a un proceso político y judicial deplorable. La sentencia rezuma miedo y prevención, pero el alma del Estatut sigue libre. No estamos ante un colosal hachazo a la autonomía catalana, ni estamos ante una bajada de pantalones del Constitucional ante las exigencias del soberanismo catalán. Estamos ante una sentencia alumbrada con fórceps, con elementos positivos, con serias decepciones y con muchas zonas de sombra.

Años de pleitos nos aguardan. La sentencia no cierra los contenciosos entre la corriente principal de la sociedad catalana y el Estado español. Hay elementos positivos en la sentencia, particularmente el respeto por la convivencia lingüística, pero el pleito sigue abierto. ¿Cuatro años para eso? ¿Tanto desgaste de las instituciones para eso? Cada uno debe asumir sus responsabilidades. En primer lugar, el presidente del Gobierno. Queda demostrado que José Luis Rodríguez Zapatero actuó movido por razones prioritariamente tácticas (aislar al Partido Popular y romper sus alianzas) y con un desconocimiento de la realidad profunda de Catalunya que hoy, visto lo visto, nos atrevemos a calificar de temerario y muy preocupante.

PP y PSOE deben reflexionar
Hay una verdad de fondo en el fallo: España necesita a Catalunya. España no puede empujar a Catalunya a la cuneta. De la misma manera que Catalunya –que nadie se equivoque al respecto– necesita un vínculo constructivo con España. Un vínculo objetivado por el autogobierno, sometido, si es necesario, a discusión perpetua, y en el que caben las más diversas subjetividades y sentimentalidades. Abollado su prestigio, agotada la paciencia de la ciudadanía y con el país en una grave situación económica, creemos que el Tribunal Constitucional ha evitado in extremis lo peor: la prepotencia, el escarnio, el menosprecio, el seco rechazo a las reclamaciones catalanas.

La dignidad de Catalunya queda a salvo con la sentencia aprobada ayer. La dignidad queda a salvo, pero los daños y las erosiones están ahí. El Gobierno de España debiera reflexionar sobre ello y de una manera muy particular el actual cuadro directivo del PSOE. Y por supuesto debe reflexionar la parte demandante, que pretendía la anulación de 120 artículos. El Partido Popular debe pensar seriamente sobre lo ocurrido y sobre su desenlace. ¿Para qué tantas furias desatadas en la sociedad española a propósito de Catalunya? ¿Tantas tensiones malgastadas para llegar a la contundente evidencia de que en España no cabe otra vía que el pacto?

Con sus claroscuros, la sentencia dejará un sabor muy agridulce en la sociedad catalana. Los ciudadanos de Catalunya han de pronunciarse. Y este final de trayecto sólo tiene una respuesta. La más cívica de todas. La más pacífica. La más democrática. La más eficaz. La más inapelable. Catalunya debe ser convocada inmediatamente a las urnas. Políticamente agotada desde hace meses, la legislatura catalana ha tocado a su fin. Nada justifica una demora táctica ante un otoño fatídico. La sociedad catalana debiera ser convocada a las urnas inmediatamente después del verano para que sea el pueblo quien dicte sentencia. Emplear el tiempo que falta hasta las elecciones en demostraciones testimoniales es una tarea estéril que no reforzará la unidad de los catalanes. Despejemos el horizonte electoral y pensemos en el futuro como un pueblo serio y milenario que siempre encuentra la respuesta adecuada ante las incertezas de la historia.

Evidentemente eles nom precissam dum estatuto de naçom; pq já o tehem mais que asimilado. Eles ademais sabem que gozando dumha forte oligarquía catalanista, podem gerir o seu país a prazer.
Na Galiza é outro conto... a carencia de trabalho de base provocou umha espanholizaçom forte no subcosciente colectivo; isto sumado a caida das forzas nacionalistas nesta legislatura; e a oligarquía castelhanista-espanholista está a provocar um afundimento da nossa identidade ou melhor dito a dissoluçom total dentro da naçom castelhana. A volta atrás no estatuto de catalunya em primer termo nom supom rem para a Galiza; mais a grei interpretaría o nacionalismo coma algo a castigar, algo mao, e isso si que tería repercussom dentro do nosso país.
Nós precissamos de muita base e movimento social; cousa que nom temos; e isso é o que está a destruir o país.